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Si estaríamos en un país con un sistema político sano, en el que los partidos posean no sólo una identidad propia sino proyectos propios y basados en sus planteamientos programáticos y/o doctrinarios, una convención como el Acuerdo Nacional tendría razón de ser. Sin embargo, las bases de este no son decisiones sobre cómo enfocar la situación nacional, lineamientos mínimos a seguir, sino mas bien el burdo intento promovido por algún político en la”transición” de Paniagua, que juntó a quienes candidatearían por la Presidencia en el 2001convirtiéndose más que en un Pacto de Gobernabilidad, en un Pacto de No Agresión por el cual los mismos partidos que ahora quieren llegar como sea a ocupar el Gobierno, se dieron un respiro para convertirse de la nada en campeones de la democracia.

Puedo parecer agresivo, pero la realidad peruana esta cada vez más alejada de las auscultaciones de los políticos que en las ultimas tres décadas mal que bien han gobernado este país. De estar equivocado, es decir, si es que los políticos sabrían entender y trasladar las necesidades de la ciudadanía, casos como el de Ilave no habrían sucedido, ni revueltas a lo Humala, o Frentes de Defensa regionales. Estos fenómenos no son sino manifestaciones directas, acciones tomadas por eventuales líderes o caudillos que aprovecharon la inexistencia de canales legales que trasladaran sus reclamos y necesidades al mundo de normas y reglamentos que manejan, o deben manejar, los políticos como “representantes”.

Hechos y fenómenos como los reseñados no son los únicos. La acción violenta y la autotutela no es más que ese 10% que se ve del iceberg. Hechos ridiculos, como el que hasta hace poco la “defensa propia” no exista más que como concepto en mis libros de derecho y no como realidad en el día a día de la vida social lo ejemplifican. Dos años atrás, si un delincuente prontuariado nos asaltaba con un arma punzocortante, y uno respondía a la agresión con un revolver, maravillosamente el delincuente era yo por usar un arma de fuego.

En otras palabras, el Estado como generalidad no iba tras la defensa de la seguridad del ciudadano agredido, sino tras valores quizá si valiosos en la teoría, pero que dejaban en el desamparo a la víctima del robo o asalto. Y ojo que nadie esta hablando de la libertad de matar, o de andar disparando por las calles como un enajenado.

El Acuerdo Nacional más que una convención política del siglo XXI es un documento de fines de los 80. Para el Perú, un “salto hacia adelante” era lo necesario, pero esto no pudo darse tanto por que no existían “oficialmente” otros interlocutores de la sociedad como porque al aceptar a los antiguos partidos como tales, mas la Iglesia, Sindicatos y otros acompañantes, se condenaba al olvido a cualquier movimiento emergente o proyecto político en crecimiento.

Su propia naturaleza, encima, lo lleva a ser centralista y eminentemente teórico. Que después la “Hoja de Ruta” haya podido causar sorpresa al verse desarticulada de la realidad no debe, pues, causarnos sorpresa: esos planteamientos de corto plazo se veían más como un plan de gobierno imposible de cumplir, o al menos de dudosa satisfacción que como un proyecto consensuado de desarrollo. Condenados como estamos a creer en esa convención, que llegó a ser promocionada como un “avance político”, no nos sorprendamos que la existencia de este Acuerdo Nacional se vea limitada al propio gobierno de Alejandro Toledo.

Publicado originalmente el 24 de mayo de 2004. A la fecha, el Acuerdo Nacional ya no cuenta con el apoyo de Unidad Nacional, alianza electoral liderada por Lourdes Flores, una de las “presidenciables”. La existencia de este foro (el Acuerdo) no impidió que se convocara al paro del 14 de julio, que aunque fracasó sirvió para mostrar que como mecanismo de diálogo funcionaba, pero que no llevaba a acuerdos reales ni ofrecía soluciones a los problemas coyunturales. Aún así se le ha encomendado la misión de dialogar sobre el futuro de la Constitución del Perú: si se reforma o se deroga, convocándose a una Asamblea Constituyente.

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