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Algunos partidos políticos parecen estar contentos con la cercanía de las elecciones presidenciales. Y es que tomar la posta de Toledo le significa para muchos el cerrar de una buena vez con el pasado periodo autocrático de los noventa.

Esto incluye a la propia candidatocracia, quienes saben que mantener en el debate a Fujimori implica cansar al electorado, debilitando sus propias imágenes públicas. Sin embargo, el que se hayan vuelto a iniciar los procedimientos democráticos no quita que aún tengamos como tarea pendiente el estructurar realmente una transición política para el Perú.

A diferencia del caso español, en Perú el fin de la autocracia de Fujimori no se manifestó por la búsqueda de formas democráticas desde dentro de la administración, sino por el repentino giro de los hechos: la aparición de pruebas innegables de corrupción (los videos de Montesinos), y la sorpresiva convocatoria a elecciones que el propio Fujimori realizara en un mensaje a la nación.

Y por supuesto, mucho tuvo que ver el reclamo popular, que sin embargo no motivó o sostuvo un conjunto coherente de exigencias democráticas. Concluida la investidura del nuevo presidente (Toledo), pareciera que todo se había solucionado mágicamente, cuando en realidad el gobierno de “Transición” encabezado por Valentín Paniagua no había realizado un real ajuste de la situación económica y política peruana.

Peor aún, Toledo se decidió a emprender procesos lentos de integración que no conducían a resultados prácticos: el Acuerdo Nacional, la Hoja de Ruta, la propia regionalización. Todo incluía a los mismos actores políticos que existían antes del decenio fujimorista, obviando el cambio sociopolítico producido en los noventa. El Perú ya no era más un par de realidades, la de la capital y la del interior del país. Se había llenado de matices, con reclamos particulares y actores en espera de ser escuchados.

Ahora, en el fin de la administración Toledo, nos encontramos con el mismo problema. A saltos hemos dejado atrás el periodo Fujimori y nos disponemos a observar las candidaturas clásicas que reconocen esa dualidad Lima-Resto del Perú que se ha vuelto obsoleta. Por otra parte el Estado sigue sin ser laico, y mantiene a la Iglesia como interlocutor válido. No se han fortalecido los sistemas normativos, ni reformado el Congreso que aún posee prerrogativas incompatibles con un Estado moderno, como la inmunidad parlamentaria. No existe una real organización del sistema burocrático, incluyendo fuerzas armadas, sistemas de salud y carrera magisterial.

Entonces, quedan tareas pendientes, que ni Paniagua ni Toledo realizaron. Atender los problemas del día a día parece ser una prioridad de la administración actual, y los candidatos de siempre han evitado mencionar esta clase de temas, los que sustenten una transición aún por concluir. Pero enfrascarse en una reformulación suave del Estado implica luchas contra lo instituido, resistencias, y también el reclamo social, pues son tareas que en forma inmediata no solucionan problemas.

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