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Todos vemos el apuro y los escandaletes que a poco más de dos meses de las Elecciones Municipales y Regionales se vienen dando. Entre dioses del cemento y spaghetti westerns dudosos, a nadie se le ocurre pensar en qué diablos es lo que se viene eligiendo y por qué.

En el Perú, los gobiernos locales han sufrido una curiosa transformación desde la dación de la nueva ley de Municipalidades. Casi sin querer, y sin que los mártires de siempre se levanten de sus escritorios para reclamar, las municipalidades peruanas recibieron facultades excepcionales y económicamente peligrosas: desde poder privatizar sus servicios, hasta operar sistemas de saneamiento, pasando por el poder estructurar contenidos educativos específicos para cada lugar. Muchas de estas prerrogativas tuvieron que ser, luego, reguladas y limitadas por el Ministerio de Economía, a fin de evitar excesos. El ejercicio de estas mismas facultades causaron varios conflictos sociales, y por supuesto fueron la base para las famosas “atingencias” que la Contraloría General de la República señala cada cierto tiempo en sus informes.

Snif por el SNIP

A pesar de todos los problemas detectados, el único filtro posible para evitar dispendios, el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, fue destruido sistemáticamente. La autonomía municipal, o regional, colaborando con una ignorancia en temas de gestión y, en ciertos casos, con conductas abiertamente delictivas, llevó a que el uso de los fondos públicos se conviertan en efigies y obras tan singulares como un toro al costado de un salón de cristales templados, ubicados frente a un canal de aguas subterráneas sin canalizar y que atraviesa parte de la ciudad de Huancavelica. Así, la atención de prioridades se deja de lado, muchas veces, con el objeto de crear vistosas “plazas de armas” o locales municipales.

Alcaldes versus Ciudadanos

Y mientras Martín del Pomar, alcalde del distrito limeño de Barranco, se dedicó a “entregar” playas de uso público al control de empresas, o a convertir a su distrito en la única comuna sin mercado, otros trece alcaldes a lo largo del Perú fueron removidos gracias a las “Elecciones Complementarias” que en el pasado mes de agosto instituyeron autoridades cuyas gestiones culminarán en enero del 2007, en un gesto democrático que tiene más un valor simbólico y que definitvamente no aporta un beneficio real a las comunidades en que estas elecciones se realizaron.

Un problema de Leyes

Y es que existe un pobre sistema normativo sobre los gobiernos locales, y por supuesto sobre los gobiernos regionales. Para empezar, en el Perú no existen ni existieron leyes que establezcan criterios urbanísticos a nivel de metrópolis. Si bien existen reglamentos específicos y técnicos, no existe una contraparte jurídica y política que señale claramente qué atribuciones debe poseer un gobernante que se encargue de una ciudad como Lima, por ejemplo, que mantiene un 30% de la población del Perú, o que articula trabajo e industria a lo largo de la carretera Panamericana Sur hasta Cañete, y que afecta a valles como los de Matucana. Tampoco queda establecido algo más básico: la cualidad del regidor, si es que es un funcionario, o un representante sui generis como hasta ahora. Igualmente, y a pesar de que la nueva Ley de Municipalidades lo contempla, no existe normas específicas que permitan atender la función de educación, pudiendo esto convertirse en una ensalada de contenidos, o en una excelente forma de segregación y desarticulación social. Peor aún, los concejos municipales gracias a su autonomía siguen sin responder a metas generales de satisfacción de necesidades sociales, apegandose y acostumbrando cada vez más a la ciudadanía al asistencialismo común y silvestre, llevado a la atomización al igual que la atención de la limpieza pública o la “seguridad ciudadana”.

Regiones

Quien conozca medianamente el Perú sabe que la división departamental no responde a ningún criterio medianamente coherente o técnico y sabrá también que los departamentos no se encuentran integrados o artículados. No nos sorprende pues que Jaén no tenga contacto con Cajamarca, Puquio con Huamanga. Incluso que para visitar ciertas zonas de Huanuco haya que viajar a través de Lima, Ancash o Ucayali. Establecer regiones sobre la base de los departamentos y procurar que estos territorios sean adecuadamente administrados es una utopía que desconoce el territorio peruano. Entonces ¿qué hace o sobre qué opera un Consejo Regional? El boicot del Partido Aprista Peruano al proceso de regionalización y al Referendum del 2005 posibilitó que este año sigamos teniendo regiones departamentalizadas, ajenas a cualquier criterio descentralista logísitico o técnico-administrativo. Por lo mismo, estas regiones no llegan a promover una descentralización y el desarrollo de los pueblos bajo su jurisdicción.

¿Es hora de cambiar?

Probablemente, y dado el cronograma electoral, ya no se pueda hacer mucho. Pero considerando que metieron en el proceso el ridículo mecanismo de la participación juvenil, algo se pueda mejorar. Por lo menos para establecer claramente las potestades de las administraciones metropolitanas, y olvidarse de una vez de la dualidad Callao-Lima, que hace años que no existe. Lima y Callao estan más que integrados y eso debería reconocerse en la legislación de una buena vez.

Igualmente debería aclararse cuál es el papel del Regidor, ya que como sabemos no es precisamente un funcionario, pero carga con las responsabilidades de uno por ser parte del Concejo, buscando consolidar asimismo una estabilidad en la gestión edilicia, un marco de gobernabilidad que evite a los regidores la tentación de buscar la suspensión o vacancia del alcalde a fin de reemplazarlo.

En el caso de los gobiernos regionales, poco se puede hacer. Estancados como todos estamos luego del frustrado Referendum de Integración Regional las salidas legislativas requerirían una voluntad política dudosamente posible, máxime si, como ya lo vimos en el ya citado referendum, existen partidos políticos que buscan más los triunfos políticos y electorales antes que las soluciones posibles.

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