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Alan García legitima violencia policial
Con licencia para matar
Hace algún tiempo Alan García pidió facultades legislativas al Congreso, para supuestamente afrontar los problemas de seguridad pública. Hoy tenemos una serie de dispositivos normativos muy poco democráticos, pero también algunas perlas de la ciencia jurídica mundial: Según el Decreto Legislativo 982, los policías y los militares son INIMPUTABLES, es decir son seres incapaces de valorar el efecto dañoso de sus actos.
Dice el nuevo texto del Código Penal, inciso añadido por el Decreto Legislativo 982:
Artículo 20.- Inimputabilidad
Está exento de responsabilidad penal:
El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte
En los tribunales peruanos se ha declarado que la inimputabilidad puede entenderse conformada cuando existe un valor vida en juego, o la indemnidad e integridad del sujeto; e incluso la libertad. Es decir que, ante una situación en que estos “bienes jurídicos” se encuentran comprometidos, la acción dañosa no debería obtener sanción penal.
En estos casos el derecho se pone en defensa de valores supremos e inalienables del individuo. Sin embargo, hay dos elementos en esta norma que merecen ser observados:
- El resultado a) lesiones y b) muerte resultan siendo indiferenciables para la norma. Lo que prima aqui es el “cumplimiento del deber” como valor superior.
- El actor no es un sujeto común y corriente: es un ciudadano preparado y equipado para ejecutar una acción o respuesta violenta y definitiva.
Peor aún, vayamos a la base de las prerrogativas legislativas otorgadas por el Congreso: se dispuso normar en pro de la seguridad pública, sobre delitos de naturaleza civil. Y sin embargo este Decreto Legislativo dispone sobre el accionar de las fuerzas armadas, quienes están llamados a encargarse de la seguridad exterior y de la integridad del territorio nacional, salvo la excepción del Estado de Emergencia. Es absurdo involucrar a las fuerzas armadas en el control, la investigación y/o prevención de delitos. No es su papel, ni debe serlo.
Los decretos legislativos de reciente factura nos han acercado un poco más a la realidad de un país en que los derechos ciudadanos, en que la libertad individual no es fundante ni posee principalía: El ejercicio impune de la fuerza en manos del Estado es una salvajada clásica en toda autocracia. La afectación al debido proceso, a la propiedad y al principio de inocencia son otras perlas que Alan García ha firmado alegremente. Sólo queda esperar que ante la aplicación práctica de estas normas aparezcan más jueces como Antonia Saquicuray.
Otras opiniones:
Juan Sheput: Alan García y las medidas fascistas de represión
Previamente en Apuntes Peruanos:
La tentación dictatorial de Alan García
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Con licencia para matar
Publicado el 24-7-2007 a las 12:05 pm
en Apuntes Peruanos - http://apuntesperuanos.com
(C) J.Francisco Canaza. Contacto: canaza@apuntesperuanos.com
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10-03-2008 8:56 pm
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN EN EL PERU
PRONUNCIAMIENTO
Actualmente en el Perú se vive una situación de constante vulneración de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y ciudadanas. La criminalización de la protesta social, las restricciones a la libertad de organización política y la constante persecución de quienes hacen política opositora al gobierno aprista son una clara muestra de ello.
El viernes 29 de febrero, siete ciudadanos procedentes de Quito luego de participar de la II reunión Internacional de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) fueron detenidos en Tumbes. Los jefes policiales y personalidades del gobierno se han apresurado en presentar estos hechos como una importante captura de delincuentes terroristas que iban a cometer atentados contra la APEC. Asimismo resaltaron los supuestos vínculos de la CCB con organizaciones “radicales”, hecho que según ellos confirma la militancia subversiva de estas personas y sus planes desestabilizadores.
Lo vergonzoso de la situación es que en ningún momento las autoridades han mostrado una sola prueba que confirme la militancia subversiva de los detenidos y sus inminentes atentados. Participar en una reunión pública de una organización legalmente constituida, como fue la reunión de la CCB en Quito, no implica una vinculación terrorista. Tampoco la participación de agrupaciones que según los criterios del gobierno son “radicales” hace de los asistentes a este evento peligrosos delincuentes. Tampoco la anterior militancia de una persona que ya cumplió cárcel por sus vínculos con el MRTA, lo convierte automáticamente en un terrorista.
No puede volverse una practica común del gobierno Aprista vulnerar los derechos fundamentales de las personas deteniendo a las y los ciudadanos bajo supuestos endebles y fines efectistas. Ya en diciembre del 2006 (cuando fueron detenidos espectacularmente los miembros del colectivo Todas las Voces por un imaginario atentado contra Palacio) quedó demostrada la prepotencia estatal y lo endeble de las investigaciones. Es muy probable que, lo mismo que en la citada oportunidad, se demuestre la inocencia de los detenidos, pero no se repare el daño cometido contra la dignidad de las personas y, peor aún, esta práctica vuelva a repetirse.
Los abajo firmantes exigimos el respeto a los derechos civiles, a la libertad de pensamiento y de organización. Las detenciones sin pruebas incriminatorias no pueden convertirse en hecho cotidiano y nadie puede ser considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Exigimos el respeto a la libertad de organización política y el cese de estigmatizaciones para quienes optan agruparse en torno al proyecto bolivariano que no es sinónimo de terrorismo.
Demandamos la liberación de los siete ciudadanos detenidos y el cese a las campañas de persecución política en el Perú. Creemos que en el mundo la persecución por ideas ha sido superada y es mas bien el debate y el dialogo lo que debe primar en la lucha política. El Perú debe desterrar para siempre el abuso y prepotencia estatal y constituirse como un país con libertad y con justicia social para todos los peruanos y peruanas.
Firmas
Anahi Durand Guevara DNI 10783805
Manuel Herrera Loayza DNI 07258288
Melisa Salgado Rodriguez
Claudia Maldonado Graus
Irene Lungo Rodriguez
Gonzalo Valderrama Escalante DNI 24007680
Rodrigo Nunez Carvallo DNI 06638874
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