Pinta del APRA cerro San Cristobal

Pinta del APRA (Partido Aprista Peruano) realizada en el Cerro San Cristobal, detrás del Palacio de Gobierno, distinguible desde la Plaza Mayor, en el Centro Histórico de Lima. La fotografía pertenece a Rafael Cornejo, compartida gracias al post de Javier Fernandez.

Congreso

Estamos en problemas si un funcionario del Estado, sea cual sea la forma en que ingresó al servicio público, termina ya no sólo accediendo a las pretensiones del cabildero sino directamente ejerciendo a favor de una industria específica.

Por ejemplo, un despacho congresal puede devenir en ejecutor de políticas a favor de una industria específica, enmascarando la gestión de intereses en el hermoso objetivo de mejorar la recaudación tributaria. Suena hasta encomiable.

Pero mientras pasa esto se van al diablo los principios de transparencia en la toma de decisiones públicas o de igualdad de acceso a los policy makers. La neutralidad de la función pública desaparece frente a un evidente conflicto de intereses.

No se podría, por ejemplo, promover una determinada política bajo la excusa de mejorar la recaudación cuando, evidentemente, el efecto es que esta misma política hace que el Estado recaude menos. Y ese tipo de “errores” son comunes.

“Errores” que llevan a que sea incentivada una específica industria desde dentro del propio Estado. Excesos en el ejercicio de la función pública que finalmente terminan protegiendo al empresario a cargo y costo del ciudadano.

Por ejemplo, hay un proyecto de ley que busca blindar a los mayors de la industria del cine, un proyecto de ley que busca el que la ciudadanía cargue con un costo operativo de estos empresarios: los costos legales de la antipiratería…

…pero que se promueve en el Congreso como un proyecto “…para la promoción e incremento del cine nacional” Es decir, se busca cualquier propuesta como mascarón de proa y así camuflar intereses particulares en la gestión pública.

Visto así, hay políticas (y “políticas”) que terminan generando desigualdades y barreras a los propios consumidores y a otras empresas.

¿Cuál fue la siguiente respuesta? Declarar que no hay crisis, que no hay perjuicios mayores en la agricultura nacional y que el país sigue adelante. En otras palabras, el mismo protocolo del manager de Disneylandia: control de daños, autocomplacencia y sigamos con el negocio.

La tercera respuesta es mas bien populachera: abrir el canal del Estado para organizar una mini teletón, organizar un evento que cumpla con la satisfacción del público y que permita canalizar los sentimientos populares. Dar el mensaje de que algo se hace. Por alguien. En algún lado.

En vez de operar bajo un criterio de comando ante una crisis específica lo que se ha hecho es trasladar la responsabilidad de la atención a la colectividad: donar una bolsa de alimentos quizá alivie el espíritu cristiano de algunos, aunque el acto en sí no sea parte de un criterio claro de atención a la población afectada.

Si la administración cree formalmente que su campo de acción y su deber no está con su ciudadanía sino con el cliente del parque temático es razonable entender por qué la población asume como propia la labor de atender al otro en desgracia: simplemente creen que así debe ser y en buena parte están conformes con ello. Lo cual en sí es un panorama aterrador.

Si, por otro lado, la administración central termina desconociendo sus responsabilidades en el tema, sea entregando la responsabilidad de atender la crisis a la colectividad o directamente culpando a los gobiernos locales por el problema, entonces estamos ante un Estado a punto de devenir en fallido, donde ningún nivel de gobierno asume su posición sea operativa o directiva.

La aparición de este mecanismo (la “vigilancia electrónica”) no va de la mano con una reforma del único estamento del Estado que, en teoría, debe velar por los procesados y condenados: el INPE. He aquí el recurrente error de la administración García: la imposibilidad de ver el Estado como un sistema orgánico y, por lo mismo, la búsqueda constante de soluciones incoherentes aunque llamativas.

De nada sirve el aparato (el gadget) si en el sistema nacional el Instituto Nacional Penitenciario no posee las facultades de ejercer funciones fuera de los penales ya que, como se da en la práctica actual, es la Policía Nacional la entidad encargada de la vigilancia y control del actor ahora sujeto al novedoso grillete electrónico. Así, no es un tema de tecnología sino de normas en un sistema.

Y es la Policía Nacional la que otra vez va a cargar con nuevas responsabilidades, que no van de la mano con su organización actual ni con su presupuesto. No sólo tendrá que implementar un sistema informático idóneo que sirva para conectarse con las operaciones del INPE sino que deberá implementar equipos de respuesta a las incidencias propias de la operación del grillete electrónico.

Igualmente la maravillosa herramienta no resuelve el otro problema de los procesados: el proceso judicial. Contra lo que se dice, este no es un problema de jueces o corrupción: es un problema de dinero. No hay infraestructura suficiente en el Poder Judicial, menos aún jueces y funcionarios jurisdiccionales que respondan eficientemente las expectativas de justicia de una población creciente.

Deberá preocupar al lector el que se permita el uso del grillete electrónico a condenados, es decir a infractores sentenciados por el Poder Judicial. La norma del grillete electrónico no es cerrada en su aplicación: los únicos requisitos de seguridad son que el solicitante a vigilancia electrónica no haya sido previamente sentenciado y que no haya sido condenado a pena de más de seis años.

Sobre estos dos requisitos se establecen otras formalidades meramente referenciales, establecidas para ser aplicadas discrecionalmente. A la larga, lo que esta norma va a hacer es trasladar el problema: de los penales a las ciudades, del INPE a la policía y, por cierto, a los demás ciudadanos que pagarán el gadget (el grillete electrónico) y el riesgo de vivir cerca a algún delincuente potencialmente peligroso.

De la afirmación certera a la duda, al famoso condicional. Más aún, en el caso de Bazán se yerra al establecer liminarmente un cuadro de homicidio a la desaparición del policía. No hay una recuperación del cuerpo, no se ha llevado un protocolo de necropsia que permita establecer la muerte violenta.

Así visto, si nos atenemos a los hechos públicamente conocidos¹ , en el caso de Felipe Bazán no hay medios probatorios que establezcan responsabilidad penal sea en los ciudadanos de Bagua o en los miembros de las etnias locales. Mas bien, la resistencia del Estado a investigar esta desaparición es tangible.

Extraer una conclusión (la muerte violenta de Bazán) por analogía con otros casos implica justamente poner, a la fuerza, el sello de caso cerrado a un episodio más de los enfrentamientos en Bagua. Y por cierto implica un razonamiento pobre, reducido y por sobre todo conservador: busca evitar mayor debate.

1. Por cierto, en la otra acera está Martín Tanaka que, justo el mismo día y en el mismo medio, se avoca a defender los hechos y a repudiar las interpretaciones.

Lo cierto es que los tanques chinos llegaron en naves del gobierno chino. Dicho esto, es necesario recordar que el actual gobierno peruano tiene relaciones excepcionales con el gobierno chino y con el Partido Comunista en el gobierno de China.

Tanques chinos que llegan en medio de un concurso que no los había considerado ¿Hasta qué punto este gobierno del APRA puede ser autónomo de los intereses chinos, si el Partido Comunista Chino financió su campaña en las Elecciones Generales 2006?

Más allá de su real valor bélico y táctico, los tanques chinos sólo vienen siendo usados por Pakistan. Cabe preguntarse por el nivel de cobertura al vehículo en el país y su relación con el resto del equipamiento del Ejercito.

Ya el Ejército viene sufriendo constantes intervenciones políticas en sus procesos internos. No sólo ahora en el tema de los tanques chinos sino también con la virtual privatización de FAME, la fábrica de armas y municiones del Ejercito.

La administración de Alan García, al dejar correr el tema de los tanques chinos bajo la mirada de la Contraloría, lo único que hace es ganar tiempo pues las intervenciones de este ente son ex post, señalando posibles responsabilidades cuando los hechos ya estén cumplidos. La decisión política ya ha sido tomada por García, sin mayores análisis técnicos. A este paso debemos entender que otra vez la discrecionalidad se ha impuesto como método clásico de la administración García, la cual nos dejará tanques chinos y contratos de servicios con empresas de oriente por muchos años.

La primera razón de Melendez es ya clásica: Morales existe y subsiste porque es un populista demagogo sin remedio que regala dinero. Esto puede ser una buena raíz de discusión pero en sí mismo la demagogia no puede sustentar apoyos populares que el propio Melendez reconoce son superiores a los que usualmente se dan en Bolivia.

La segunda razón de Melendez es mas bien basta: Morales medra porque los demás son muy malos. Lo cierto es que el discurso de Evo Morales no es precisamente elaborado, ni podría dejar rezagados a otros idearios políticos que sí están desarrollados en Bolivia, tanto así que ejercieron una oposición constante al gobierno del MAS.

Así, el lector cuidadoso recordará que hace poco tiempo atrás la oposición a Evo Morales desarrolló una activa lucha política por las autonomías. No es tan cierto que no exista vida ni proyectos políticos fuera del MAS de Evo Morales, todo lo contrario: existe un claro ideario bien desarrollado que está en el debate público desde hace tiempo.

Lo cierto es que hay otras razones que merecen ser revisadas para entender cómo es que en Bolivia Evo Morales recoge apoyo no sólo de sectores populares o indígenas. Así, sería interesante que el lector cruce la data de las encuestas con información demográfica de Bolivia.

Hay otras razones. Como el nivel de crecimiento económico que Bolivia ha mantenido y que ha tenido que ser reconocido incluso por el FMI. O que a pesar de la política de nacionalizaciones se haya presentado una nueva ola de inversiones en energía e hidrocarburos de más de 5.333 millones de dólares. Así, sólo Repsol ha comprometido US$ 1.5 millones. Asi visto, hay una serie de datos que merecen considerarse para entender a Bolivia y a su presidente candidato que, descrito como lo hace Melendez, hasta se parece a García. Aunque nadie quiera reconocerlo.

Estudios jurídicos en los medios

Hojeando el suplemento Staff Legal de la revista Cosas uno encuentra referencias sobre el negocio legal en Lima. La información es interesante, sobre todo cuando aparecen notas sobre algunos estudios jurídicos. Lo raro del asunto es que aparezca invariablemente una hoja entera de publicidad del estudio jurídico revisado por Staff Legal.

Facultades de Derecho

Igualmente: publican una revisión de las facultades de derecho de Lima con las clásicas PUCP y la Universidad de Lima, y en la que aparece también la facultad de derecho de la Universidad ESAN, la misma que recién iniciará sus funciones el 2010. En cambio, por ningún lado aparece la facultad de derecho de San Marcos, sea para bien o para mal.

Educación pública en los medios (I)

Hay cierta resistencia a reconocerle su espacio a la educación pública, como acabamos de ver. Un ejemplo: hace poco RPP entrevistó a un representante de los catedráticos universitarios que buscan mejoras salariales, y Raúl Vargas con Patricia Del Rio no tuvieron mejor detalle con el entrevistado que burlarse de él, con risas amagadas al aire.

Educación pública en los medios (II)

Otro ejemplo: Fritz Du Bois, un personaje de exótica sapiencia, señala en su columna del 18 de noviembre que el principal responsable de la violencia juvenil es la educación pública. Presume Fritz Du Bois que las escuelas públicas enseñan introducción al pandillaje pernicioso en sus aulas controladas por el SUTEP. Habrá que darle viáticos a la gente de Peru21 para que conozcan la realidad de la educación pública.

La medida fue dictada vía una medida cautelar presentada en el proceso de amparo seguido por Industrial Andahuasi contra CONASEV ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.

Con esta resolución no sólo se suspende la OPA, sino que además suspende el derecho a voto que el grupo Wong podría ejercer en Industrial Andahuasi con el respaldo de las acciones ya compradas.

El grupo Wong participa en Andahuasi a través de la empresa Rio Pativilca S.A. Esta empresa consiguió una orden de CONASEV para formalizar una OPA sobre las acciones de Andahuasi.

El grupo Bustamante había transferido acciones de Industrial Andahuasi a favor del grupo Wong sin atender a la regulación del mercado de valores peruano, lo que motivó sanciones y la obligación de formular la OPA.

CONASEV, el regulador del mercado de valores peruano, dispuso así que Rio Pativilca del grupo Wong formule una Oferta Pública para adquirir las acciones de Andahuasi que se encuentren en el mercado.

(Con info de Sílvio Rendón y La Voz de Andahuasi)