Lo cierto es que los tanques chinos llegaron en naves del gobierno chino. Dicho esto, es necesario recordar que el actual gobierno peruano tiene relaciones excepcionales con el gobierno chino y con el Partido Comunista en el gobierno de China.

Tanques chinos que llegan en medio de un concurso que no los había considerado ¿Hasta qué punto este gobierno del APRA puede ser autónomo de los intereses chinos, si el Partido Comunista Chino financió su campaña en las Elecciones Generales 2006?

Más allá de su real valor bélico y táctico, los tanques chinos sólo vienen siendo usados por Pakistan. Cabe preguntarse por el nivel de cobertura al vehículo en el país y su relación con el resto del equipamiento del Ejercito.

Ya el Ejército viene sufriendo constantes intervenciones políticas en sus procesos internos. No sólo ahora en el tema de los tanques chinos sino también con la virtual privatización de FAME, la fábrica de armas y municiones del Ejercito.

La administración de Alan García, al dejar correr el tema de los tanques chinos bajo la mirada de la Contraloría, lo único que hace es ganar tiempo pues las intervenciones de este ente son ex post, señalando posibles responsabilidades cuando los hechos ya estén cumplidos. La decisión política ya ha sido tomada por García, sin mayores análisis técnicos. A este paso debemos entender que otra vez la discrecionalidad se ha impuesto como método clásico de la administración García, la cual nos dejará tanques chinos y contratos de servicios con empresas de oriente por muchos años.

La fascinación por la noticia exclusiva y el destape sorprendente ha mutado en una afición por lo pasmoso, inesperado como anzuelo fácil, aún a pesar de la inexactitud. La falsedad es así más una variable a considerar que un antivalor.

Así, el “periodismo de inseminación” busca primero el titular chocante e insólito para luego ver cómo ordenar la casa, cómo hacer control de daños, invirtiendo todo el proceso de información. El caso actual junta todos estos elementos.

El problema no es, como algunos ignaros quieren hacer creer, un hecho menor o, peor aún, un ejercicio de la dinámica de los blogs. Es, primeramente, un ejercicio exclusivamente periodístico, y en tal perspectiva resulta ser una práctica fallida y notoriamente negligente.

Se entiende que el principio de veracidad en el ejercicio periodístico implica cierta diligencia profesional en el proceso informativo, de tal forma que la ciudadanía reciba información de calidad. En este caso no hay siquiera un proceso informativo válido. Menos un ejercicio diligente.

Que el gremio periodístico haya, en su mayoría, dejado pasar los hechos como si nada es revelador y preocupante. Dónde están los periodistas profesionales, la academia? El caso se presenta idóneo no sólo para un debate deontológico, sino para una clínica sobre la práctica de la profesión.

Así por ejemplo, la práctica ha terminado por dar carta de nobleza a una muletilla del oficio: el abuso del condicional como reemplazo al indicio. En este caso estamos frente al tema. El uso del modo subjuntivo no es, en definitiva, una patente de corso como parece argumentar Cisneros.

Temas como responsabilidad social, honor, veracidad, comprobación y pluralidad han sido pasados por alto una y otra vez en cierto ejercicio periodístico, confundiendo forzadamente interés público con sensacionalismo. El caso actual bien podría servir, entonces, para discutir el ejercicio simiesco del periodismo pulmonero, hacia la construcción de “demandas éticas” comunes a todo desarrollo deontológico.

Jorge Del Castillo

Doe Run es una empresa que, especialmente en este gobierno, ha gozado de una gran ayuda interna, la misma que le ha permitido sortear dificultades mayores con una suerte felina. Como ya lo mencionamos antes, un gran cabildero de Doe Run es Jorge Del Castillo, quien no sólo se impuso como mediador entre los trabajadores de la empresa y la propia empresa, sino que asumió una representación ante un laxo Estado; consiguió además que este gobierno plantee modificaciones al sistema concursal que permitieran una salida especial a la empresa. Aún más, movía también el tema de la ampliación del PAMA. Una meta que, como vemos, consiguió incluso con la oposición del Ministro del Ambiente, Antonio Brack. Una ampliación que, vista tal y como está planteada, no garantiza que la dichosa Doe Run cumpla algún día en satisfacer las obligaciones ambientales.

Jorge Del Castillo muestra, una vez más, su nivel de manejo en esta administración. No sólo en el ejecutivo y en los medios, sino además en el Congreso que ha respondido mansamente al llamado empresarial de La Oroya. Este Congreso no se ha detenido a realizar mayores cuestionamientos o reservas sobre la salud de la población o el estado del entorno en la zona.

La Oroya

Ciertamente la fundición pudo ser adquirida por otro operador que garantice el cumplimiento del PAMA y los derechos sociales de los trabajadores, así como el derecho a la salud de la población de La Oroya; pero este tema fue decididamente retirado del debate a fin de proteger la permanencia de Doe Run en las operaciones de La Oroya.

Cualquier economía sana habría requerido la remoción del agente ineficiente, en este caso Doe Run en su calidad de empresa. Ahora mismo, con esta actitud lo que el gobierno aprista ha hecho es admitir explícitamente su método mercantilista: el Estado regula y mueve favores a discreción, para proteger intereses particulares.

Está presente, entonces, un aliciente a que cualquier otra empresa incumpla sus obligaciones con el Estado, y se limite a satisfacer los requerimientos del Gobierno para así mantener su espacio en el tablero de juego. Este debe ser el escenario idílico de Alan García, pero resulta nefasto para la legalidad del país.

Segunda, los apristas de Puno que, en igual búsqueda de apoyo popular, le mienten a la población sobre la distribución de gas de Camisea a los domicilios de Puno. Como ya dijimos, este gobierno ha frustrado el desarrollo del Gasoducto Andino y, aún así, de ser el caso que éste proyecto se desarrolle, el fin directo del mismo no es servir a los domicilios de los ciudadanos puneños sino primero atender proyectos industriales que generen mejor y mayor impacto social en la región.

Tercera, grupos apristas de Ica anuncian que las regiones andinas “discriminan” a Ica y quieren perjudicar el desarrollo de un gasoducto menor hacia Marcona. Lo cierto es que el proyecto de gas hacia Marcona es distinto al Gasoducto Andino y que los gobiernos regionales de la Macro Sur nada tienen que ver en el tema, siendo el propio gobierno aprista el que al no poder negociar con Pluspetrol ha complicado las cosas para el negocio de las usinas o plantas termoeléctricas que quieran aprovechar el gas de Camisea.

Entonces, mientras uno de ellos se enfrenta a un tema de manera neutra y científica, el otro está “dentro” del conflicto, es parte de uno de los sujetos del problema. Comparte no las preocupaciones de una colectividad nacional, sino que explora las necesidades de un grupo de interés específico (gobierno, partido político, empresas). En esta forma de ver las cosas, uno de ellos, el vinculado, presta un servicio que al ser ofrecido al público pasa como un aporte necesario, cuando en realidad es un acto de soporte y propaganda.

Un intelectual medianamente reputado y sobre todo congruente con su propio desarrollo profesional no necesita arrendar sus análisis y estudios para coincidir con las necesidades, los requerimientos del gobierno. En buena parte de eso trata el ser un intelectual: ofrecer una visión libre y alterna que bien puede ser o no feliz de cara a las necesidades de un poder establecido, pero que siempre es oportuna en cuanto se convierte en testimonio libre del acontecer actual de una nación.

Ciertamente es fácil ofrecer credenciales académicas para brindar soporte al poder instituido. Siempre habrá quien se atreva a defender lo indefendible. Por ejemplo, como se ha visto hace poco, un reputado miembro de la Pontificia Universidad Católica señalaba con mediana seguridad que son las ONGs (y no el gobierno) las responsables del incremento de conflictos sociales, una opinión oportuna para ciertos fines, aunque muy poco rigurosa como conclusión científica.

Así visto, la tentación perenne de “aterrizar las propuestas” es un canto de sirenas que parece ser defendido ahora como en otras oportunidades. Lo cierto es que una cosa es ser un intelectual, y otra ser un think tank ambulante, un prestador de servicios que presente clientes satisfechos, gobernantes seguros, como carta de presentación y ya no una obra estrictamente académica. Peor aún, termina diluyéndose la definición que separa a un intelectual de un spin doctor, de un propagandista del momento o un simple ejecutor del lip service. La “propuesta aterrizada” y la defensa del nuevo intelectual son el salto de garrocha con el que finalmente la intelectualidad escapa del escrutinio de los pares, de la rigidez académica y ciertamente de la anacoresis para ofrecer obras, proyectos concluidos, cifras oficiales y ciertamente fama. Así, el riesgo no es el modelo norteamericano de compartimientos estanco, sino la aparición de innumerables espontáneos contratados que sirvan de coro griego, con lo que desaparecería la figura actual del intelectual y su entorno, para ofrecernos el mundo del intelectual-prestador de servicios.

Sin embargo, durante todo el gobierno de Alan García se ha aplicado una política exterior pobrísima, donde el personalismo de García Pérez ha conseguido poner en ridículo el nivel de Torre Tagle, un nivel que se había ganado con muchas generaciones de diplomáticos entregados al Perú.

No debería sorprendernos. En el primer gobierno de García, fue éste quien personalmente impulsó acuerdos con países y organismos. Su voluntad se había convertido en política exterior. Así, persiguió durante mucho tiempo al Movimiento de Paises No Alineados, por poner un ejemplo.

Un esfuerzo que, ciertamente, se dió porque García quería ganar notoriedad en ese foro. Y que se extinguió cuando vio frustradas sus intenciones. Ahora, en este gobierno nefasto y fallido, García tuvo su momento con la UNASUR, un fervor que lo llevó a entregar la bandera de Haya.

La entrega de esa bandera fue un gesto que, ciertamente, no fue bien asumido. La bandera indoamericana no se convirtió en el emblema oficial de la UNASUR y en el iter del asunto, García Pérez nos vinculó a una serie de obligaciones energéticas que ahora recién entran a debate.

Igual fiebre mueve a García Pérez con el tema Bolivia. Un personalismo, un deseo de marcar una impronta en el tiempo que nos lleva a ruinosas experiencias. Las declaraciones de García a un diario chileno son otro episodio. Definitivamente no había necesidad política o diplomática para tal hecho.

Bolivia es un país con numerosos vínculos con el Perú. Y sin embargo García Pérez siguió perfectamente un guión para que nuestro país se distancia de Bolivia, aún habiendo en camino esfuerzos económicos, energéticos y sociales que dependen de las buenas relaciones entre ambos gobiernos.

¿Y el Ministerio de Relaciones Exteriores? Inexistente. Minado en sus funciones y atribuciones. Minada también está la carrera diplomática: por ejemplo la plaza de Washington, que no es más para un destacado artífice de Torre Tagle, sino para algún amigo del poder, un vinculado.

No es, ciertamente, algo que deba admitirse como necesario. Ni mucho menos algo que deba respaldarse ciegamente como lo afirman ignorantemente algunos personajes. Cada vez más este gobierno destruye la institucionalidad, y en este caso nos perjudica a muchos peruanos.

Calculemos la incidencia comercial de Bolivia en Puno y Tacna, eventualmente en Arequipa. Pensemos a largo plazo en los intereses energéticos con el país de Evo Morales, y no sólo por el gas de Tarija. Existe todo un sistema de relaciones, necesidades mutuas e intereses que son perjudicados por la fiebre de García Pérez de llevar las riendas a todo y a todos. Algo que no es correcto y no debe ser permitido.

Manuel Zelaya, depuesto el 28 de junio, viene realizando contactos con los gobiernos de paises americanos, con el fin de consolidar respaldo a su regreso al mando de Honduras.

Andahuaylas Chincheros es una carretera que está pendiente desde hace años pero que ya había sido prometida por este gobierno el 2007, en una de esas comisiones de alto nivel, luego de otras protestas populares.

Y según el cronograma del proyecto, que siempre está establecido con mucha anticipación, la carretera ya estaba programada para ser iniciada a fines de este año. PROVIAS, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya lo había informado a comienzos de año.

Resulta que Alan García no ofreció nada nuevo. Y que, así, casi sin pensar, resulta saliendo a flote la historia del “paseo” que el gobierno ha aplicado a las comunidades, mandando al olvido las promesas electorales.

Pero sin duda lo que más causa sorpresa es que Alan García anuncie la carretera de Huarmey a Huamba Baja, en la región Ancash. Y es que esta carretera ya fue inagurada por el propio García, este año, en junio.

Pero aún más, esta carretera anunciada en el Mensaje Presidencial, inagurada por Alan García y Enrique Cornejo hace poco más de un mes, ya había sido inagurada previamente por el presidente regional César Alvarez Aguilar.

Singular, sin duda.

La norma que amplía la concesión de Telefónica es la Resolución Ministerial Nº 527-2009-MTC/03 – Renuevan plazo de Concesiones de diversos Contratos de Concesión para la prestación de servicios portador y telefónico local en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, portador y telefónico de larga distancia nacional e internacional, y salió publicada hoy, con la firma del genial Enrique Cornejo.

Una sutil medida de presión

La medida, en principio, sólo es de obligatorio cumplimiento para el sector público. Lo que busca es que los trabajadores públicos no se plieguen a las protestas poniendo en default a estos, puesto que teniendo desde ya recursos públicos destinados para asegurar su movilización, podrían encarar procedimientos sancionadores si no acuden a trabajar.

Sector privado

El Estado no puede disponer directamente un cambio de condiciones en el desarrollo de la actividad privada, por lo que esta norma no es aplicable a los trabajadores privados, aunque deja la puerta abierta para que los empleadores dispongan asignaciones a título gratuito, destinadas a la movilización de los trabajadores del sector privado.

Presupuesto

Inmediatamente lo que ocasiona es un desorden presupuestal puesto que las entidades del sector público deberán cumplir la norma ejecutando gasto de partidas ya presupuestadas para otros fines y en otros periodos, con lo que la administración deberá resolver para el martes la disposición y disponibilidad de recursos para luego encarar el procedimiento de sustentación de gasto y, en su caso, el traslado de partidas; procedimientos que de suyo toman tiempo y mantienen una regulación específica.

Control de daños

El Estado ya tiene formas de impedir que ciertos servicios dejen de atender a la ciudadanía incluso en huelgas o paros como el del 7, 8 y 9. Así, los trabajadores de varias áreas del Estado deben mantener reservas o piquetes de personal que atiendan los requerimientos de operatividad.