Luego de estas protestas el gobierno de Alan García primero intentó tomar el control de la asociación y ante la dificultad que tuvo en controlarla procedió a pedir su disolución por “atentar contra el orden público”

Este es el texto completo de la solicitud de disolución de AIDESEP presentada por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía. Como se ve, el principal argumento es aquel “llamado a la insurgencia”, una supuesta afectación al orden público y hasta apología del delito.

Además del pedido de disolución, el gobierno a través del Procurador del Ministerio de Justicia pide una intervención directa en el manejo de la asociación, vía una medida cautelar que dispondría un interventor en la misma.

Hasta el momento la Fiscalía no ha concluido la fase de investigación. La citación de los directivos de AIDESEP está realizada con el fin de tomar declaraciones que sustenten la posible intervención en la actividad social y representativa de la asociación.

Ocupando vías

En general este gobierno ha procedido violentamente para desalojar vías ocupadas por protestas. Pero la semana pasada unas decenas de vecinos se instalan en un cruce de vías en Chorrillos, consiguen bloquear el tráfico vehicular con gran eficiencia, y nadie dijo que eso también es delito.

Todopoderoso

Sea el Gobierno con las concesiones petroleras o el Municipio con sus obras, siempre aparece la mano del Estado aplastando al ciudadano, como en Chorrillos en que el alcalde Luis Castañeda les cambió las reglas a los vecinos, y les modificó el uso urbano para construir su famoso Metropolitano.

Congresista sagrada

Un congresista de la oposición recortaba los sueldos de trabajadores y se arma un escándalo político de proporciones épicas, con investigaciones, seguimiento y condenas en los medios. Rosario Sasieta, una congresista afín al gobierno comete la misma “falta” y otras más, y hasta ahora no hay mayor drama y nadie pide el desafuero.

Tenencia ilegal de armas

Un congresista de la oposición es procesado por tenencia ilegal de un arma menor, y es todo un suceso: denuncias en los medios, en los blogs oficialistas y “espontánea” condena popular. Una empresa minera es intervenida con presencia de la Fiscalía y se decomisan decenas de armas de guerra, y no hay mayor repercusión.

¿De quién es la ciudad?

Una empresa bien puede ocupar las vías que necesite para el desarrollo de un evento. Pero no más allá de aquellas necesarias, de forma tal que no se perjudique al ciudadano. En Corso Infernal se relata la indefensión de un ciudadano que simplemente no puede desplazarse por Lima, porque las vías han sido dispuestas al servicio de una empresa.

Esto ya había sido anunciado por la Fiscal de la Nación Gladys Echaiz en una entrevista a un programa radial de Lima. Así, será la fiscal Olga Bogadilla quien finalmente tomará y reformará la denuncia.

Lo cierto es que esta “devolución” resulta un tanto extraña, puesto que una vez planteada la denuncia se debería esperar la acción de las partes y no precisamente que el Juez disponga un interregno para subsanaciones.

Alberto Pizango, líder amazónico de la AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, quien fuera acusado por el gobierno peruano como instigador de la violencia y delito contra la tranquilidad pública, sedición y motín al señalarlo como promotor de las protestas amazónicas, es ahora requerido internacionalmente por la Interpol. Se ha ordenado la captura internacional del líder amazónico que se encuentra asilado en Nicaragua, requiriéndose además su extradición. Pizango fue denunciado por ser representante de una ONG relacionada a la defensa de los derechos de las etnias amazónicas, y aunque estuvo en Lima el gobierno peruano lo sindica como “autor intelectual” de las protestas populares de Bagua, que fueron disueltas violentamente en junio de 2009 por la Policía Nacional en lo que sería conocido luego como la Matanza de Bagua.

Además se le acusa de sedición, luego de unas declaraciones en que pidió la insurgencia de las etnias amazónicas ante las políticas del gobierno peruano que los perjudicaban.

Otros líderes de AIDESEP también son requeridos por la Interpol: Marcial Ugarra Taqui Teresa Antazú y Saúl y Servando Puerta Peña. Ellos también serán capturados y extraditados al país. (fuente del video: Julio Gomez)

Jueza dispone captura internacional de ex dirigente de Aidesep Alberto Pizango (RPP)

La jueza del 37º Juzgado Penal de Lima, Carmen Cecilia Arauco Benavente, dispuso la captura internacional del ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Segundo Alberto Pizango Chota.

Justicia pide inmediata captura internacional de Alberto Pizango (Terra)

Carmen Cecilia Arauco, jueza del 37º Juzgado Penal de Lima, dispuso la captura internacional e inmediata de Alberto Pizango Chota, ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep).

Afirma Gladys Echaiz que la denuncia presentada contra los Generales PNP se presentó en ausencia de 52 diligencias entre las que, según Echaiz, debió incluirse investigaciones como exhumaciones. En la misma entrevista Ernesto de La Jara, de una conocida ONG, califica de “negligente” a la Fiscal Rojas Mendez.

Señala que la Fiscal Luz Rojas, quien presentó la demanda, había estado de vacaciones cuando sucedieron los sucesos de Bagua, y que por tanto no conoce los hechos. Aún más, subraya Gladys Echaiz que la Fiscal Luz Rojas Mendez había sido removida antes de presentar la denuncia contra los Generales PNP.

Lo cierto es que el máximo representante de la Fiscalía ataca fundamentos administrativos del propio Ministerio Público para luego, con una singular causalidad, se sirve de estas calificaciones ad hominem para descartar totalmente la denuncia presentada contra los Generales de la Policía Nacional.

Lo cierto es que se sabía de la remoción de la Fiscal Rojas Mendez y que, aun así, la nueva titular de ese despacho fiscal en atención a la organicidad e institucionalidad del Ministerio Público debió asumir la misma en su estado y con los fines del despacho que se le asigna, con lo que la intervención de la Fiscal de la Nación es, cuando menos, inaudita y quizá extraña al propio cuerpo normativo. De hecho, el Código Procesal Penal de 2004 establecía una suerte de cláusula de conciencia en su artículo 61 num. 1.

Escuche la Entrevista Gladys Echaiz o descargue el archivo desde su Fuente o lea esto

Perú, potencia académica

Resulta que en el Perú existen potencialmente 16 000 profesores universitarios, asistentes de cátedra o jefes de práctica, al menos para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un post de Daniel Salas deja ver en sus comentarios que la PUCP asume que el mantener blogs es equiparable con la obtención de grados y títulos académicos, y así uno podría acceder a enseñar en esa universidad de forma más o menos simple, incluso sin atender los requisitos del artículo 45 de la Ley Universitaria.

Centralismo opinativo

Eland Vera, profesor universitario, nos habla de un claro mecanismo de exclusión: “El centralismo opinativo es la tendencia desproporcionada a percibir y asumir los temas de discusión pública nacional desde la perspectiva de un centro hegemónico”. El caso es actual, se vive en cómo se trata los temas de Bagua, de Canchis, y de muchas otras zonas. Ahora ¿Qué hacemos?

Concesión al borde del Titicaca

Desde Sandia hasta el Titicaca, en Puno. Una nueva concesión petrolera se extiende en una zona muy rica cultural y ecológicamente. En Puno ya hay experiencias anteriores con las exploraciones petroleras, como el caso de una empresa rusa que dejó pozos mal cerrados. Es otro tema que es dejado de lado facilmente.

Historia de dos fiscales

El Comercio, para variar, quiere enredar las cosas en la Masacre de Bagua. Compara las historias de la fiscal Luz Rojas que denunció a generales de la Policía Nacional por homicidio de pobladores; con la historia de la fiscal Olga Bobadilla que denunció a los pobladores de la mano del procurador Arroyo. Por cierto, Olga Bobadilla es la fiscal que ahora tiene el caso de los generales de la Policía, todo gracias a Gladys Echaiz.

Otros hechos que ponen en riesgo la investigación se han presentado, como que el Procurador Oswaldo Arroyo esté pidiendo que los utcubambinos detenidos sean retirados de Amazonas y del dominio del Juez natural, aduciendo cuestiones de “seguridad”.

1. Contra lo que se cree, Jorge Del Castillo salió bien parado del tema Petroaudios, pues escapó a una censura en regla y a una investigación larga. Consiguió que en el congreso se calmen las cosas y se enfocó el tema en Romúlo León, ofreciéndolo al público y a la crítica.
2. Luego de estar un tiempo en cura de silencio, se convirtió en el hombre que negociaba la lealtad del APRA hacia Yehude Simon. Más aún, ocurrida la matanza de Bagua se convirtió en el principal vocero y operador del gobierno de García.
3. Tuvo el suficiente manejo para colocarse como “mediador” en el tema Doe Run, una posición que le permitiría obtener buenos réditos políticos, sea que asuma una posición de fuerza contra Doe Run (la exigencia de sus obligaciones laborales y ambientales) o que promueva una vía de escape ordenada para la citada empresa. Logró convencer a pobladores, empresarios y trabajadores de la necesidad de sus buenos oficios.
4. Como ya lo comentábamos, y en línea con el hecho anterior, fue el promotor de un proyecto de ley con nombre propio: una modificación al sistema concursal vigente, a fin que Doe Run pueda ser intervenida económicamente. Aún más, logró que este proyecto de ley sea asumido como propio por la Presidencia del Consejo de Ministros de Yehude Simon.
5. Estando Yehude Simon de Primer Ministro, consiguió que el kitchen cabinet que lo acompañó durante su gestión (periodistas, politólogos, economistas) siguiera asesorando “directamente” a García Pérez, incluso contra aquellos lineamientos personales que Yehude Simon quiso aplicar en su gestión.
6. Consiguió ordenar las cosas en su facción del APRA, y en buena parte del partido. Lo suficiente como para presionar cambios y salidas en la estructura partidaria, y así ganar varias ubicaciones importantes luego de las elecciones internas que el partido de gobierno tuvo hace algunas semanas.
7. Se dice que es Jorge Del Castillo y su equipo quienes promovieron el tema de los “nucleos ejecutores” como mecanismo de canalización de recursos y de respuesta rápida. Al final, el plan de los “nucleos ejecutores” fue asumido por García Pérez y anunciado en su mensaje a la nación.
8. Ahora mismo, Jorge Del Castillo y su equipo han ganado la presidencia de varias comisiones clave en el Congreso, dejando atrás a otros miembros de facciones apristas, como Mercedes Cabanillas.

Lo más concreto es que sigue siendo un hombre esencial para Alan García, y que a la larga va a ser quien centralice buena parte de las ambiciones apristas, de cara a las futuras elecciones. Su posicionamiento es claro: mantiene vigencia, y hasta resulta siendo un aliado necesario para empresarios y sectores populares. En buena medida su actual estado se debe a una eficiente ejecución de relaciones públicas, que ha permitido que su imagen no se deteriore, a pesar del Petrogate.

La denuncia contra los generales de la Policía Nacional se sustenta en la orden que estos impartieron para utilizar “armamento sofisticado … sin considerar la falta de proporcionalidad y el uso desmesurado de esas armas letales, pues los nativos solo utilizaron sus armas rudimentarias como lanzas y los manifestantes palos y piedras produciendose muertes en ambos bandos”.

La denuncia también incluye a 10 oficiales responsables directos de los efectivos que intervinieron en la Curva del Diablo.

Las citas al artículo “Humalistas sacan provecho…” están en cursivas.

Los humalistas continúan afirmando que lo ocurrido en Bagua fue una masacre de nativos

Si no fue una masacre ¿Entonces qué fue? El hecho irreductible es que en Bagua las fuerzas policiales estaban preparadas para atacar, armados con fusiles semiautomáticos, y que el resultado de esto fue muertes de ciudadanos miembros de etnias amazónicas, por armas de fuego de uso oficial.

…instituciones como la Defensoría del Pueblo y la misma ONU han informado que no hay pobladores indígenas desaparecidos ni indicios de fosas comunes o supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Que se sepa, el Comisionado Anaya de la ONU ha pedido se abra una investigación sobre Bagua

Las imágenes van acompañadas por titulares en letras rojas que hacen referencia a una masacre realizada por orden del Gobierno.

Entonces ¿Quién ordenó la masacre? ¿Cuál era la relación de dependencia de los agentes que realizaron los disparos? ¿O es que, de nuevo, no fue masacre?

En el video se aprecia una serie de logos de medios de comunicación a los que se ataca —entre ellos El Comercio— por, supuestamente, dar a conocer solo la versión del Gobierno en relación a los hechos de Bagua.

Por supuesto, El Comercio no mintió sobre Amnistía Internacional, ni se limitó a recoger información de la Agencia de Noticias Andina, propiedad del Estado Peruano, ni escatimó esfuerzos en recoger versiones de primera mano sobre los hechos de Bagua.

Sin olvidar la muerte de los policías, igual aplicación del derecho debe exigirse para aquellos que dispusieron el uso de armas de fuego contra la población. Y eso es algo que El Comercio y otros más parecen no querer entender.