Es sabido que en el Perú las nuevas tecnologías no son muy apreciadas ni comprendidas por el sistema político. Tiempo atras, el Congreso de la República había conseguido la aprobación de una ley que exigía que los cibercafés instalaran filtros de contenido, a fin que los clientes menores de edad no accedieran a contenido pornográfico, trasladando la responsabilidad educativa de la familia a la sociedad, y encareciendo el acceso al obligar a los dueños de las cabinas no sólo a comprar las licencias de los filtros bloqueadores, sino también al crear una nueva tarea burocrática a los gobiernos locales, modificando su estructura funcional, para así supervisar estos locales.

Esta ley lo que permitió fue la legalización de una intervención directa en el uso ciudadano de la tecnología, algo así como permitir un pinchazo telefónico general que nos prohibiera hablar de ciertos temas por la red de teléfonos públicos, todo en la errada apreciación que se tiene de Internet como nido de perversiones y habitáculo de pedófilos, idea sustentada muchas veces por los medios.

Hoy, en cambio, se pretende exigir un registro de los ciudadanos que emplean las cabinas públicas, alegando un interés prioritario del menor que, supuestamente, permite intervenir en la anonimidad de la Internet. El proyecto de Ley 1156-2006/CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista, señala como excusa la existencia de pornografía infantil y señala:

… los administradores de cabinas públicas de internet llevan un registro escrito de todos sus usuarios, que incluye el nombre, D.N.I., número de cabina y hora de ingreso y salida, por un periodo no inferior a los seis meses

Lo que no dice explícitamente este proyecto de Ley es que se está exigiendo la presentación de un documento de identidad como requisito al uso de Internet en las cabinas públicas, hecho insólito y que nos reduciría, como país, al nivel que posee Cuba en el uso de la Red.

Falsa legalidad

El proyecto menciona como precedentes unas aberrantes disposiciones municipales. Al respecto sólo mencionaré algunos derechos que se vienen violentando con ideas maravillosas como la de este proyecto de Ley, que seguramente recibirá el apoyo de más de una siniestra organización de esas expertas en defender intereses difusos con ideas imprecisas.

1. Libertad contractual
   El Estado no debería intervenir en las relaciones contractuales de los ciudadanos. El usar (arrendar) una cabina pública es un contrato.
2. Libre acceso a la tecnología
   El Estado debería promover el uso de las nuevas tecnologías, no interferir en su aprovechamiento.
3. Derecho a la Privacidad
   Sólo la investigación judicial debería obtener datos de los ciudadanos, en casos de delito puesto a debate judicial.
4. Secreto de las comunicaciones
   Sólo por orden expresa del Juez se podrían intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos.

Lea más:

Del mismo tema:

• Transparencia gubernamental y Fiscalización ciudadana (8)
• Anuncios Sexuales: El congreso arruina el negocio de El Comercio, El Trome y otros (30)