Sin embargo, Beatriz Merino se reune hoy con Yehude Simon, el hombre de Bagua, un vinculado de este gobierno y de otros grupos de interés; además de ser, por sobre todo, un político en activo, con partido propio y en campaña presidencial.

La neutralidad de la función pública exige cierta distancia. Beatriz Merino, como otros funcionarios, parece disfrutar de un estatus especial por el que, en cierto momento está al servicio del Estado y de los ciudadanos, para luego asumir un papel de actor político, e incluso de sujeto privado.

Veamos por ejemplo a Beatriz Boza, quien fuera una valiente funcionaria del gobierno de Alberto Fujimori y que ahora es miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, y en tanto es funcionario al servicio del Estado. Pero, a la par que es funcionario público es la promotora principal de una organización que analiza, estudia y premia a otros elementos de la estructura de Estado.

La cuestión ética es simple ¿Están fuera, o dentro del Estado? ¿Están sujetas a las expectativas que se tiene del funcionario público o poseen un régimen que les permite entrar y salir del sistema? En este plano de hechos es necesario que se defina normativamente los límites y restricciones de la función pública, siendo este también un tema de reforma del Estado. Sin embargo, siendo sinceros, dudamos que los políticos actuales alcancen a interesarse o comprender este tipo de temas, sea por limitaciones “técnicas” o por conveniencias.

A una hora de Yamayaca está la comunidad de Wawas. Mientras camina entre las pequeñas casas de caña, madera y techo de hojas de palmera en las que viven los 600 pobladores de Wawas, el apu (jefe) de la comunidad, Heriberto Tiwijan, nos relata su historia sobre lo ocurrido en la Curva del Diablo. “Yo estaba dirigiendo un grupo de 50 pobladores de mi comunidad. En total, éramos como tres mil. Nos atacaron por tierra y aire. Desde un helicóptero disparaban bombas lacrimógenas y balas. En la pista la policía avanzaba hacia nosotros disparando al cuerpo. También nos atacaban desde un cerro. Yo vi tres cuerpos quemados. Esos no están entre los diez cadáveres que hemos recuperado.”
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Sekut Díaz, una mujer aguaruna de 36 años, también estuvo en la Curva del Diablo. Con el dolor marcado en el rostro y sacándose el temor de encima –“Tenemos mucho miedo de hablar y decir la verdad de lo que pasó porque después vienen las represalias, pero alguien debe hablar porque si nadie hace oír su voz nunca se sabrá la verdad”– denuncia que ella vio a la policía rematar a los heridos que habían quedado atrás porque nadie pudo ayudarlos a escapar. “Nos atacaron sin compasión, como si fuéramos el peor enemigo. Yo me escondí cerca de la pista y desde ahí he visto cómo la policía mataba a unos hermanos que estaban heridos; les dispararon cuando estaban en el piso. También vi cómo quemaron a otro hermano. Vi cómo ardía su cuerpo; movía los brazos y sus piernas.”

Cosa curiosa: el informe recoge testimonio de un poblador que TAMBIEN es mencionado en el informe de la Defensoría, pero en esta oportunidad señala una versión distinta, contradictoria a lo que recoge la Defensoría. Sin duda, cada vez más queda en duda el papel de la Defensoría como institución imparcial, y quedan indicios de unos hechos que deberían ser investigados y calificados debidamente a la luz de las normas vigentes antes que negados per se.