Contra las muchas voces que hablan de vacancia presidencial, la realidad impulsa a ver a García sentado en Palacio, zombie, sin mayor rango de acción. Sus iniciativas personales de gobierno se ven limitadas hasta que realmente se tranquilice el avispero, y hasta que la gente olvide la matanza de Bagua. Y su nivel de convocatoria y concertación se ven menguados tambien: salvo Lourdes Flores y UN, nadie ha transado con el APRA.

Ciertamente en el Congreso no se podría conseguir la vacancia, no existen los votos adecuados. Y en ese sentido, aunque el APRA no lo quiera reconocer, el mero hecho que Ollanta Humala salga en plan de candidato es un seguro de vida para García Pérez: mientras sea candidato, Ollanta Humala está reconociendo la alternancia democrática, y por tanto le concede “tiempo de vida” a García Perez como presidente actuante.

Es dudoso que con la derogatoria de los decretos legislativos se acabe la racha de protestas populares, y la misma herramienta “novedosa” (las mesas de diálogo con el Ejecutivo) que García empleó para personalizar su poder, ahora es su condena. Ante cualquier hecho, será llamado el Ejecutivo a atender los reclamos, no así el nivel inmediato de gobierno.

En vez de promover la inversión privada, García Pérez lo que ha hecho es poner el tema del abuso y de la “privatización” en el escenario de temores a la inversión. Con esto, varias iniciativas de esta administración van a convertirse en nuevos focos de problemas, desde los varios proyectos energéticos hasta la aplicación de las asociaciones público privadas, pasando por ese sistema casi inicuo, el famoso “Sierra Exportadora”.

Visto así, con una mirada retrospectiva a lo que ya dijimos en anteriores oportunidades, no es que seamos quarterback de lunes: en su momento sólo señalamos cosas que eran obvias, escenarios fáciles de preveer.

Jamás había estado tan jaqueada una administración, nunca tan mal vista a los ojos internacionales y nacionales. Rara vez tan cuestionada. Y aunque existe un séquito de medios y de intelectuales (y ciertamente una suerte de blogosfera oficialista) que siguen sosteniendo a García Pérez, e incluso construyendo las bases de un fujimorismo sin Fujimori, lo real es que hay resistencias creadas que reaccionarán a cualquier nuevo paso de esta administración.

Quizá sea entonces que recien con García-zombie acabe la transición democrática. Alan García Pérez vendría a ser, mas bien, el representante soñado del post fujimorismo. La salida es, entonces, seguir construyendo el estado de derecho, preparando las elecciones generales del 2011 y siendo conscientes que García Pérez deberá, esta vez sí, ser llevado a la justicia a la par que un nuevo gobierno democrático se instaura.

Esto incluye a la propia candidatocracia, quienes saben que mantener en el debate a Fujimori implica cansar al electorado, debilitando sus propias imágenes públicas. Sin embargo, el que se hayan vuelto a iniciar los procedimientos democráticos no quita que aún tengamos como tarea pendiente el estructurar realmente una transición política para el Perú.

A diferencia del caso español, en Perú el fin de la autocracia de Fujimori no se manifestó por la búsqueda de formas democráticas desde dentro de la administración, sino por el repentino giro de los hechos: la aparición de pruebas innegables de corrupción (los videos de Montesinos), y la sorpresiva convocatoria a elecciones que el propio Fujimori realizara en un mensaje a la nación.

Y por supuesto, mucho tuvo que ver el reclamo popular, que sin embargo no motivó o sostuvo un conjunto coherente de exigencias democráticas. Concluida la investidura del nuevo presidente (Toledo), pareciera que todo se había solucionado mágicamente, cuando en realidad el gobierno de “Transición” encabezado por Valentín Paniagua no había realizado un real ajuste de la situación económica y política peruana.

Peor aún, Toledo se decidió a emprender procesos lentos de integración que no conducían a resultados prácticos: el Acuerdo Nacional, la Hoja de Ruta, la propia regionalización. Todo incluía a los mismos actores políticos que existían antes del decenio fujimorista, obviando el cambio sociopolítico producido en los noventa. El Perú ya no era más un par de realidades, la de la capital y la del interior del país. Se había llenado de matices, con reclamos particulares y actores en espera de ser escuchados.

Ahora, en el fin de la administración Toledo, nos encontramos con el mismo problema. A saltos hemos dejado atrás el periodo Fujimori y nos disponemos a observar las candidaturas clásicas que reconocen esa dualidad Lima-Resto del Perú que se ha vuelto obsoleta. Por otra parte el Estado sigue sin ser laico, y mantiene a la Iglesia como interlocutor válido. No se han fortalecido los sistemas normativos, ni reformado el Congreso que aún posee prerrogativas incompatibles con un Estado moderno, como la inmunidad parlamentaria. No existe una real organización del sistema burocrático, incluyendo fuerzas armadas, sistemas de salud y carrera magisterial.

Entonces, quedan tareas pendientes, que ni Paniagua ni Toledo realizaron. Atender los problemas del día a día parece ser una prioridad de la administración actual, y los candidatos de siempre han evitado mencionar esta clase de temas, los que sustenten una transición aún por concluir. Pero enfrascarse en una reformulación suave del Estado implica luchas contra lo instituido, resistencias, y también el reclamo social, pues son tareas que en forma inmediata no solucionan problemas.